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Una revelación sacudió esta semana al Partido Comunes, que apunta directamente a la campaña por la Gobernación Metropolitana que encabezó la actual carta a senadora por la RM, Karina Oliva. De acuerdo con la investigación dada a conocer por Ciper Chile y que aborda la rendición de gastos de dicha candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), hubo gastos asociados que incluso superan a los de ex abanderados presidenciales.

En concreto, la publicación evidencia que Oliva habría contado con uno de los equipos de campaña mejores pagados desde que se tiene registro, con un total de siete personas que obtuvieron en conjunto alrededor de $137 millones en pagos electorales. Sumado al centro de estudios Fundación Chile Movilizado, ligado al partido mencionado, y que emitió una factura por $60 millones por asesorías, además de una segunda boleta por el mismo valor remitida a Comunes pero que finalmente también se cargó a la cuenta rendida ante el Servel.

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El ex fiscal Carlos Gajardo se refirió a este hecho en entrevista con CHV Noticias AM, sosteniendo que “el Servel está muy al debe en la fiscalización que ha hecho en estas rendiciones de gastos de campaña”.

“En estas fiscalizaciones uno tiene que estar muy atento a lo que se denominan las red flags, es decir, aquellas alertas que pueda haber algo irregular (…) Habían varios antecedentes que a mi juicio implicaba que el Servel tendría que haber sido mucho más acucioso con esa rendición de cuentas y, probablemente, derivar esos antecedentes a la Fiscalía. Desgraciadamente, este fue un caso que nuevamente la pega la hacen los medios de comunicación, en este caso Ciper Chile, y no la institucionalidad como debiera ser”, sostuvo.

Allanamiento a sede de Comunes

El ex persecutor también se refirió al polémico allanamiento realizado durante este viernes a la sede del partido Comunes, donde personal del GOPE y Labocar llegó a la propiedad derribando la puerta premunidos con armamento de fuego. La diligencia fue liderada por el fiscal Anticorrupción, Héctor Barros.

Al respecto, Gajardo indicó que le “parece muy bien” que el Ministerio Público haya iniciado una investigación para esclarecer los hechos que apuntan a Oliva, pero subrayó sus reparos respecto al operativo policial. “En el derecho, las formas son todo y la forma en que esta diligencia se hizo me parece que fue desproporcionada y que ha generado razonablemente críticas, no solamente del partido político sino que del propio mundo jurídico”, aseveró.

No hay ningún reproche que hacer a la necesidad de la diligencia, pero la forma en que se realizó fue desproporcionada (…) Tampoco es bueno confundir las responsabilidades, ha habido mucha crítica con que esto es culpa del gobierno o Carabineros, yo lo que conozco del funcionamiento de la Fiscalía en esto el gobierno no tiene ninguna injerencia”, aclaró.

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Respecto a la celeridad con que actuó el órgano persecutor para llevar a cabo el procedimiento, sostuvo que “ojalá el estándar fuera este, que la Fiscalía siempre reaccionara rápidamente y, por lo tanto, la crítica está más enfocada a la disparidad y a la diferencia que se da en algunas ocasiones“.

“Yo creo que este es un caso importante, creo que el financiamiento irregular delictual en la política es fundamental para fortalecer la democracia (…) Obviamente, uno esperaría que allanamientos de este tipo, por ejemplo, se realizaran con mucho más frecuencia para desarticular bandas criminales dedicadas a la droga, al tráfico de inmigrantes, robo, etcétera”, agregó.

Asimismo, recalcó que “hacer una ligazón entre que el partido Comunes en su momento intentó la destitución del fiscal Abbott con lo que está sucediendo ahora, a mí me parece que no es correcto“.

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