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La doctora Paulina Carrasco es investigada en Concepción tras una denuncia de Fonasa, entidad que acusa un millonario fraude por más de $6 mil millones. Las alarmas se encendieron hace un par de semanas en los sistemas de control interno de la entidad.

Se detectó un cobro inusualmente alto por tratarse de una persona natural. Revisadas las emisiones se detectó que estas no cumplían con la normativa, motivo por el que interpusimos la denuncia de inmediato ante el Ministerio Público, acompañado de una querella ante el tribunal competente”, detalla Luis Brito, fiscal de Fonasa.

Acusan que la médico penquista habría cobrado en los últimos meses bonos por prestaciones de salud que no se llevaron a cabo. Esta información surgió de los propios pacientes, quienes negaron la existencia de exámenes o tratamientos.

La investigación está en manos de un Fiscal de Alta Complejidad con dedicación exclusiva. En la querella también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.

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El tribunal dispuso de la reserva de la investigación, motivo por el que no podemos entregar mayor información sobre las diligencias que se está realizando para garantizar el éxito de éstas”, agregó Brito.

Prestaciones fraudulentas donde no se descarta la participación de cómplices. Quienes también evalúan acciones legales contra la doctora son los encargados de la clínica Kinemov, donde la profesional llegó a pedirles un box para atender pacientes hace más de dos años.

Nos afecta que nos vinculen a ella siendo que nunca perteneció a nuestro equipo de trabajo“, sostuvo Fabrizio Becerrea, kinesiólogo de la clínica Kinemov.

Fonasa ha ordenado un sumario administrativo y una auditoría.

Pero este no es el único caso. En paralelo, la entidad también se querelló en contra de un grupo de psicólogos por el delito de estafa. Simulaban ser una agencia de empleo donde ofrecían expectativas de renta entre $350 mil y $400 mil. Todo en plena crisis sanitaria. En ese proceso de entrevistas es donde se estima habrían obtenido información personal de los postulantes para la compra de bonos.

Al respecto, el seremi de Salud de Biobío, Héctor Muñoz, informó que “vamos a investigarlas, vamos a ver qué otros tipos de situaciones similares se han producido y obviamente es una situación completamente reprochable y condenable“.

El monto defraudado asciende a unos $85 millones por prestaciones que nunca se realizaron, al igual que en el caso de la doctora Paulina Carrasco.

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