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La versión del funcionario del Minsal acusado por millonario negocio: «Se me atribuye un hecho que no me es propio»

Orlando Durán, ex jefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, figura como el dueño del Hotel Clínico Spa, un recinto utilizado como residencia sanitaria durante la pandemia. Tras conocerse el hecho, el funcionario fue desvinculado y la investigación fue derivada a la Fiscalía de Alta Complejidad, sin embargó, él descarta su participación en los hechos. "Cualquier imputación en mi contra carece de fundamento jurídico", sentenció en exclusiva con CHV Noticias.

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Por Alejandro Vega
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En un negocio ilícito que estalló en plena pandemia, Alexis Flores y Orlando Durán, asesores del Ministerio de Salud, se habrían beneficiado con el arriendo de residencias sanitarias, generando millonarios contratos en los que aparece en la firma del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. 

El cuestionado y destituido jefe de la División de Atención Primaria, Orlando Durán, decidió romper el silencio frente a las acusaciones en su contra y en exclusiva con CHV Noticias, aseguró que “se me atribuye un hecho que no me es propio”.

«Se ha denostado mi imagen y esta ha sido bastante grave, desde el punto de vista que cuando a uno se le acusa de tener alguna participación en algo, primero debe estar en condición de tener dicha participación. En mi caso, yo no he sido responsable de formar algún comité de compra o estar ligado a la contratación de hoteles», sentenció.

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Mosqueto 552

El sábado, la PDI incautó importante documentación en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Con la obtención de nuevos antecedentes, los policías buscan esclarecer los posibles delitos detrás de un contrato por más de $205 millones, firmado con la empresa Hotel Clínico Spa, para implementar una residencia sanitaria en un edificio de calle Mosqueto N°552 en la comuna y la ciudad de Santiago.

El problema es que algunos departamentos están ocupados y nadie le avisó a sus habitantes del inconveniente legal. Raúl, uno de los arrendatarios del edificio, indica que de no haber sido por la prensa, no se habría enterado. Por otro lado, Daniela Trujillo, propietaria de uno de los departamentos, indica que entre los vecinos hubo molestia, debido a que fueron vulnerados y expuestos.

El escándalo estalló cuando el medio digital Interferencia reveló que la propiedad financiada con dinero público está vinculada a Orlando Durán, ex jefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien recibía del Minsal una remuneración de $3,5 millones. Él era precisamente el encargado de coordinar la contratación de las residencias sanitarias.

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Irregularidades y Caso Basura

Durán es un matrón de 40 años y antes de llegar al gobierno, trabajó con la alcaldesa de Renca, Vicky Barahona, madre de la vocera de gobierno, Karla Rubilar. El hombre se desempeñó como director de Salud del municipio, pero tenía un emprendimiento paralelo. También subarrendaba algunos departamentos y los ofrecía a través de Booking, al menos desde el año 2015. En la residencia sanitaria investigada hoy, Durán es dueño del departamento 501.

El subsecretario en cuestión, Arturo Zúñiga, aseguró que cuando se enteró que estaba en presencia de un delito, además de instruir un sumario sanitario, desvinculó a los involucrados. Más aún, indicó que ambos permanecían en el cargo desde antes de su llegada al Minsal. «Ninguna de estas personas fue contratada por mí», aseveró.

Personas, porque en las presuntas irregularidades en la contratación de residencias sanitarias aparece otro nombre. El de Alexis Flores, contratado por el Minsal en noviembre del 2018 con un sueldo de más de $3 millones.

Una funcionaria del Minsal, quien pidió reservar su identidad, habla del papel que habría cumplido Flores. «Era el que hacía los acuerdos directos con algunos de los hoteles», señala.

Interferencia reveló correos en donde Flores pide acelerar los pagos a quienes prestaban servicios en la residencia sanitaria de Mosqueto. «Si es que alguna persona pregunta por pagos o algo respecto de los hoteles, habría que preguntarle a esa persona, porque tampoco son responsabilidad de la División de Atención Primaria, por lo tanto, habrá que conducir esa pregunta a quienes sean», enfatiza Durán.

Es probable que el camino de ambos funcionarios del Ministerio se cruzará mucho antes del actual escándalo de las residencias sanitarias. Y es que cuando Orlando Durán ejercía como director de Salud en Renca, pudo haber conocido al entonces periodista del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Alexis Flores.

Aunque éste último fue elegido concejal de La Cisterna en 2012 y 2016, nunca dejaría de tener ingresos extras, con dineros destinados a la absorción de mano de obra cesante. La Municipalidad de Colina le pagó un contrato de honorarios como editor del noticiero en la radio comunal, en donde nunca fue visto por los trabajadores.

El diputado Tucapel Jiménez denunció la contratación del concejal. «En 2014 recibí en mi oficina parlamentaria una denuncia. Derivé todos los antecedentes a la Contraloría General de la República para que investigara si eran reales o no, y la respuesta fue que se encontraron varias anomalías en la contratación y que con eso se da inicio a un sumario administrativo», puntualizó.

Éste fue uno de los varios contratos ideológicamente falsos que explotaron con el Caso Basura. Contraloría interrogó a funcionarios municipales, quienes tuvieron el siguiente diálogo en el que confirman que no conocían a Alexis Flores, a pesar de aparecer en la planilla de trabajadores.

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Tiempo antes, entre junio y diciembre del 2014, Alexis Flores fue contratado como periodista en la Corporación Municipal de la Florida. Le pagaron con dineros de la subvención escolar preferencial, montos destinados a los niños más vulnerables del país, lo que fue cuestionado por Contraloría. Estas irregularidades, sin embargo, no impidieron que se convirtiera en asesor del Ministerio de Salud en tiempos de pandemia

«Cualquier imputación carece de fundamento jurídico»

El 24 de marzo, Orlando Durán y la funcionaria del Servicio de Salud Occidente, Alexandra González, crearon la empresa Hotel Clínico Spa. La inscribieron con la misma dirección de la empresa Smart Apart, también de propiedad de Durán. Tres días después, su residencia ya prestaba servicios al gobierno, con un atractivo contrato por $205 millones.

«Inmediatamente cuando tomamos conocimiento de eso, además de anunciar sumario, se suspenden los pagos, por lo tanto, tomamos todas las opciones que había que tomar y obviamente cuando nos enteramos de nuevos antecedentes, se toma la decisión de enviar toda la información a la Fiscalía para que se investigue a fondo», advierte el subsecretario Zúñiga.

Roberto Alarcón, vocero de la Fiscalía Centro Norte, confirma la versión de la autoridad, indicando que «por las características del hecho, la investigación fue asignada a la Fiscalía de Alta Complejidad».

En tanto, Orlando Durán sentencia que «cualquier imputación que se haga respecto a mi persona o algún negocio en el que pudiese conocer a las personas, es algo que carece de fundamento jurídico. El Minsal ha generado esta condición a sabiendas que son otros los organismos responsables y que la responsabilidad está en otra división precisamente del Ministerio».

Por otro lado, la trabajadora del Minsal que pidió reservar su identidad detalló otra irregularidad. «Flores era el que hacía los acuerdos directos con algunos de los hoteles. Llamaban los directores, les decía ‘contraten con éste con el precio ya listo’. Que eran 50 lucas más IVA, o 60 lucas más IVA, que era un precio desproporcionado. O sea, piensa en el diferencial», reveló.

Las sumas que menciona parecen excesivas si se considera que el arriendo promedio de habitaciones a lo largo de Chile oscila entre los 30 y 40 mil pesos. «Y él contrató, seguramente él también está detrás de la contratación del Enjoy de San Antonio», agrega la funcionaria.

Con respecto a éste último, el subsecretario Zúñiga señala que desconoce el contrato, debido a que no está en manos del Minsal.

La duda es si el escándalo protagonizado por estos funcionarios de salud se limitó al contrato de la residencia sanitaria ubicada en Mosqueto o habría más hoteles adquiridos a precios inflados y acuerdos amarrados en medio de la pandemia del coronavirus.

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