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Gloria Contreras, de 71 años, fue operada de cáncer de mamas a mediados de este año. Tras la intervención debe ingerir diariamente una pastilla de Letrozol. Cotizó en una farmacia de cadena del centro de Santiago y el costo era de $149 mil. El mismo medicamento en una farmacia comunal puede costar cerca de $4 mil.

Es esta diferencia en el precio de los remedios lo que busca frenar el proyecto de ley que cuenta con el respaldo de todos los parlamentarios que conforman la comisión de salud de la Cámara de Diputados.

“Es increíble. De $149 mil a $4 mil es mucha la diferencia”, asegura Gloria.

El diputado Jorge Durán (RN) asegura que “muchas veces las farmacias de barrio nunca podían crecer, nunca podían tener mejores precios. Con la intervención de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, sí van a poder democratizar los precios”.

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Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS) agrega que “tras el estallido social se anuncia este proyecto de Cenabast y en esto había un dogma. Nunca en Chile se podían fijar o regular precios porque el mercado no podía permitirlo. Pero la gente salió a la calle y dijo basta ya del abuso” y se le dio urgencia al proyecto.

El presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas, en la exposición que realizó en la comisión de salud de la Cámara de Diputados, señaló que “no es factible en ningún negocio funcionar con un margen de utilidad del 10%”, en clara oposición a que el Estado determine el precio máximo de venta de un fármaco.

Rojas agrega que las farmacias deben enfrentar pagos de personal y costos asociados al funcionamiento del establecimiento. necestasque hay yb orofesio

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El ministro de Salud, Jaime Mañalich, en entrevista con reportajes a Fondo, señaló que “evidente mente el gran problema que tenemos acá es que la intermediación de Cenabast, que es una institución pública, no puede permitir que exista lucro”.

El proyecto continúa en la comisión de salud de la Cámara de Diputados, y en la próxima sesión serían invitadas las farmacias de las llamadas grandes cadenas.

El gobierno estima que de ser prontamente aprobado el proyecto de ley, podría ya estar vigente en enero o febrero del año 2020.

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