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Descontento generalizado ante una acusación que ha sacado ronchas, que tiene en el ojo del huracán al Ministerio de Salud y algunos de sus funcionarios. Una comisión parlamentaria y la Fiscalía indagan en una historia que tiene solo una gran perjudicada: la comunidad de Buin.

Su hospital quedó chico y su remodelación ha sido prometida por años. Y ahora, una trama de coimas salpica al proyecto, que no se materializa, indignando a sus habitantes.

Los protagonistas

Una historia con tres protagonistas principales. Primero, Marcos Pozo, ex carabinero dedicado al rubro de la construcción. Luego, su pareja, la arquitecta Pía González. Ambos asistieron a dar su testimonio a una comisión investigadora de la cámara de diputados sobre irregularidades en construcciones de hospitales, particularmente el de Buin.

En la instancia ambos aseguraron que Mauricio Álvarez, ex jefe de finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, y que, a la vez, era vecino de ambos en la zona rural de Colonia de Paine, les habría exigido un millonario pago para darles un trabajo en el proyecto del hospital de Buin, el cual debían revisar.

El esquema de coimas y fraude al fisco sería así: Mauricio Álvarez le habría dicho a su vecino Marcos Pozo que arme una comisión de 19 personas para revisar el proyecto del hospital de Buin. Entre todos ganarían $53 millones. Pero cada uno debería aportar un 10% de su remuneración para pagarle a Pozo el favor de haberlos contratado. Una coima de $5,3 millones mensuales.

Una situación que, de acuerdo a Pozo, se negó a seguir haciendo tras el segundo pago. Así, añade que vía Twitter trató de alertar al ministro de Salud, Emilio Santelices, y que llamó a la mesa central del ministerio para hacer saber de la obligación de pago, pero que no fue escuchado.

Recién en diciembre, la situación fue advertida por la diputada Marcela Hernando (PR), quien ofició a la Fiscalía para investigar. Un mes después, el ministro se querelló por el hecho y desvinculó a Mauricio Álvarez. No obstante, la parlamentaria asegura que Emilio Santelices sabía del tema en octubre, es decir, tres meses antes, y no hizo nada hasta su denuncia.

Y en esa historia se basa la comisión investigadora. Una que aun no escucha el testimonio de Mauricio Álvarez, el principal inculpado.

El relato

Él habló con CHV Noticias, asegurando estar devastado. Asegura que él fue quien denunció la situación. “El que sufrió la amenaza con armas de fuego fui yo, el que tuvo que dejar su casa fui yo, el que quedó sin trabajo fui yo”, indicó.

Todo se remonta al 10 de octubre de 2018. Ese día, Mauricio Álvarez llegó a su parcela y encontró a personal de la inspección del trabajo cursando una multa. En la obra, que estaba a cargo de su vecino, Pozo, no se habían pagado los sueldos.

Así, Álvarez asegura que fue donde su vecino exigiendo una explicación, y este le habría respondido que por el mal rato le iba a pasar dinero, dado que le cobraba una comisión a los 19 funcionarios contratados para el proyecto del hospital de Buin.

Álvarez habría respondido que eso no corresponde, que lo iba a denunciar. Y ahí, asegura, comenzó  su calvario. Al día siguiente, cuando iba a dejar a sus hijos al colegio, Pozo lo estaba esperando afuera de su casa. Sacó un revólver y le dijo que si lo denunciaba lo iba a matar. Álvarez puso constancia en Carabineros del hecho e igualmente denunció la situación a sus superiores, que no hicieron nada.

Luego, comenzó a indagar, para develar la forma en que él cree que opera el esquema de defraudación. Asegura que un día, Pozo le pidió que recomendara a su esposa para trabajar en los proyectos del Ministerio, a lo que accedió.

Así, entregó el número de teléfono de Pía González al jefe de proyectos del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Francisco Márquez. Ellos dos habrían armado el equipo de los 19.

Añade que los 19 profesionales habrían tenido un sueldo de 56 millones, y que el 10% que les pedían eran para el beneficio personal de Marcos Pozo, quien era parte del proyecto sin estar contratado por el Ministerio.

Incluso en la comisión parlamentaria, la pareja de Pozo reconoció la existencia de una “caja chica”, donde los 19 profesionales ponían cerca del 10% de su sueldo para gastos operativos. Ese sería el dinero que Marcos Pozo se dejaba para si mismo.

Algo que se condice con el testimonio de Daniela, enfermera vecina de Marcos Pozo y Pía González, a quien también le ofrecieron trabajo.

Ella asegura que Pozo le dijo que pronto iba a comenzar a revisar el proyecto del Hospital de Coronel, y que necesitaba gente para ello. Así, le dijo que la podía contratar por $1.900.000 mensuales más viáticos, pero que tendría que dejar un 10% para utilidades de su empresa.

La Fiscalía Metropolitana Occidente, que investiga esta denuncia, declinó referirse a esta escandalosa situación. ¿Pago de coimas con fondos públicos o afán de venganza contra un funcionario estatal? Lo cierto es que todavía no hay proyecto, ni menos construcción.

Revisa el reportaje completo en el video adjunto.

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