Por Marta Escalona
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Marisol Muñoz Fuente Alba fue investigada por fraude al fisco mientras era la jefa de proyectos de la Corporación de Deportes de La Pintana. Ella junto al entonces director de la corporación, Guillermo Cárdenas, fueron formalizados como responsables de realizar facturas por compras que nunca se hicieron, pero que se cobraron; dineros asignados a eventos deportivos que tampoco se materializaron; y boletas cuyos emisores nunca recibieron los pagos.

En 2013, Muñoz estaba a cargo de todos los proyectos de la entidad. Gestionaba su ejecución y también rendía las actividades para recibir los pagos desde el Instituto Nacional del Deporte. Su jefe directo era Guillermo Cárdenas, quien había asumido el cargo de director de la Corporación el 2011.

Sin embargo, no fue hasta la llegada de Muñoz que se detectan irregularidades con los dineros. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, acusa que los recursos que estaban destinados a realizar actividades deportivas no llegaron a quienes estaban destinados.

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En el grupo de los mejores rugbistas del país hay un joven que es de La Pintana. Se trata de Cristóbal Escobar, quien quedó sin campeonato en 2013, porque no se realizó. Asegura que nunca les explicaron por qué no hicieron el evento, que por cierto, sí se cobró.

Marisol Muñoz realizó incluso un informe de gastos por el campeonato inexistente, justificando con fotos que corresponden a un evento pasado. También adjuntó facturas por compra ficticias. Sólo en jugos y barras de cereal, una empresa figura cobrando más de $2 millones. La misma hace otros cobros por balones de rugby e implementos deportivos. Registra dirección en un edificio de Providencia, en donde el conserje niega su existencia.

El Ministerio Público formalizó a Muñoz y Cárdenas por el delito de fraude al fisco, pero el procedimiento fue suspendido condicionalmente, quedando obligados al pago de una cantidad cercana a la mitad del monto defraudado. Mientras Muñoz debe devolver $5 millones, Cárdenas sólo debe regresar $3 millones.

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La denuncia ingresó a la Fiscalía en 2014 y fue la alcaldesa Claudia Pizarro, entonces concejala, quien presentó una querella ¿Por qué después de seis años de investigación, la sanción obliga solamente a devolver parte de lo defraudado?

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán explica que “la penalidad asignada al Código Penal para delitos como fraude al fisco es baja en relación al problema social que se produce y el daño que se hace a la sociedad, especialmente si se hace a municipalidades que necesitan imperiosamente el dinero”. “Dicho de otra manera, creo que hay que ajustar el Código Penal y modificarlo”, sentenció.

Dentro de la defraudación fiscal se consideraron, además, boletas emitidas a nombre de distintos profesores que llevan más de 12 años en la corporación. Aquí manejaban las claves privadas del Servicio de Impuestos Internos de cada uno, sin embargo, nunca tuvieron problemas hasta que asume Marisol Muñoz.

Hasta la fecha, Muñoz no ha pagado ni la primera cuota de los $5 millones que debe reintegrar a las arcas fiscales. Si esta situación se prolonga, el tribunal podría revertir la medida y llegar a un juicio oral, aunque las penas probablemente no serían privativas de libertad.

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