Por Daniela Durán Alviña
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De fondo se escuchan risas y voces de niños. Son los hijos y sobrinos de Andrea Sandoval, de 36 años, quien vive con su familia de allegada en una vivienda social en la comuna de La Pintana. Son 6 personas en una pieza de tres por tres metros.

Todos se acomodan en la cama matrimonial y en un camarote para ver televisión. Es fin de semana, pero estos niños están encerrados, porque el lugar donde viven no es seguro, dice Andrea.

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“Es conflictivo, el narcotráfico tiene la ’embarrá’. Por temor a que mis hijos puedan recibir una bala loca o vean al drogadicto en la esquina consumiendo droga no los dejo salir a la calle“, comenta Andrea.

“El nivel de hacinamiento de hace tres años atrás era de 13 mil familias en La Pintana. Hoy el nivel de hacinamiento debe ser de unas 11 mil“, dice la alcaldesa Claudia Pizarro.

La disminución de las familias en condición de hacinamiento ha sido muy baja en tres años, motivo por el que los allegados han salido a la calle a protestar.

“Somos puras mamás y papás que les queremos dejar algo a nuestros hijos. Morir tranquilos de que ellos van a estar tranquilos“, afirma Marianela Cruz, quien asistió a una de las tantas manifestaciones.

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La arquitecta chileno-catalana Ana Sugranyes, doctora en políticas habitacionales en América Latina, dice que las familias se han ido multiplicando y en los departamentos sociales cada vez vive más gente.

“Es terrible y golpeador. Al principio de los 2000 habíamos hecho una gran encuesta a más de mil familias que habían sido beneficiadas del subsidio. El 66% se querían ir de su vivienda“, sostiene. (video)

“Son condiciones de vida de inseguridad, de tráfico de droga, de pandillas, de tiros, de disparos”, añade Sugranyes.

Morelia fue beneficiaria de una vivienda social en La Pintana el año 1968. La familia fue creciendo, pero la casa no. Por eso se instalaron donde encontraron espacio. Hoy, en una casa entregada por el gobierno, viven 16 personas.

Una historia que se repite a lo largo del país. La cifra de hogares en condición de hacinamiento es de 143.196.

“Se fueron emparejando. Mi hijo se casó, tiene su casita. Al fondo mi nieta está con su pareja. Mi otra nieta estaba con su pareja, pero ahora está solita con sus tres niñas, dos gemelas y una de 4 años“, cuenta Morelia Rodríguez.

“Hacinados. Vivimos en departamentos en casas donde van 3, 4, 5  familias”, apunta Rodríguez, quien destaca que “llevamos cuatro años esperando. Estamos peleando los terrenos de La Platina. Ahí es donde el Serviu hará viviendas sociales. Vivimos súper cerca del terreno y cada vez que pasamos, vemos donde estará nuestra casa. ”

Los terrenos de La Platina están ahí, frente a los ojos de los habitantes de La Pintana. 320 hectáreas que hace más de 20 años no se les da uso. Estaba destinado a ser un zoológico. Ya se cumplieron seis años desde que se intenta cambiar el uso de suelo y aún no hay resultados.

“De esas 320 hectáreas, 120 pasarían a ser propiedad del Serviu. La propuesta incluye un área verde que será un parque de 45 hectáreas, más un terreno de equipamiento de 13 hectáreas“, informa el seremi de Vivienda, Boris Golpi.

El futuro conjunto habitacional de La Platina debería incluir integración social, mezclando familias de distinto poder adquisitivo.

Según la alcaldesa de la comuna, serán 10 mil las viviendas sociales que se construirían, lo que permitirá responder las necesidades de un gran número de allegados que esperan el subsidio.

Por ahora son los trámites administrativos propios del Estado los que tienen el proyecto paralizado. Sólo dentro de 6 años veremos aquí una vivienda.

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