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Esperaron por mucho tiempo la llegada de la Antonella, quien iba a ser la primera hija de esta pareja; pero el 30 de abril de 2019, la historia cambió completamente. «Yo quedé en shock, porque que vayan y te digan en un momento que tú esperas que sea el más lindo de tu vida, que tu hija fallece y que no tengan una respuesta…», cuenta Norma Ortiz. Ella lleva más de dos años luchando por la muerte de su hija, acusa haber sido víctima de la violencia obstétrica y sus graves consecuencias. Un tema que recién ahora comienza a discutirse en el Congreso a través de un proyecto de ley, cuyo origen está en Adriana Palacios, quien hace cuatro taños también perdió a su hija en pleno trabajo de parto en Iquique a sus 19 años. En su caso, denuncia una seguidilla de errores, maltratos y falta de atención, pese a estar con un embarazo de alto riesgo, fue causa de que diera a luz a su hija sin vida. Volviendo lo que le sucedió a Norma, ella llegó hasta la maternidad del Hospital El Pino de San Bernardo con un embarazo de término. Según la ficha clínica, ella y su hija estaban en buenas condiciones, pero todo cambió cuando una matrona decidió practicarle la denominada maniobra de Kristeller. «Me provocó un sangrado muy fuerte dentro de mi, que sentía que me quemaba todo por dentro. Grité, pataleé, supliqué que un médico me viera, y no fueron capaces», dice. Esta maniobra consiste en presionar el abdomen de la mujer embarazada hacia abajo para conseguir que el bebé salga o llegue a coronación, una técnica no recomendada por la OMS. Lo que empezó como un trabajo de parto normal, terminó con una cesárea de emergencia con histerectomía por rotura uterina, y además, Norma recibió una sobredosis de morfina que consta en una auditoría realizada por el hospital. «Perdí todo, perdí a mi hija, perdí mi útero. Perdí todo, por tan solo no saber mis derechos de paciente, no saber que existía la violencia obstétrica, porque a una nadie le enseña esas cosas», asegura. La primera encuesta sobre le nacimiento en Chile, estudio que describe experiencias de parto desde 1970, reveló que el abuso físico del sistema público, entre 2014 y 2017, fue tres veces superior al privado. Al mismo tiempo, más de un 43% de las mujeres declaró haber sido criticada o reprimida por sus expresiones de dolor en hospitales.

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