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Con voz resquebrajada, con una pena y una angustia que no le cabe en el cuerpo, Karla Fonseca (34) denuncia que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) le ha rechazado 17 veces sus licencias médicas.

La mujer ha sido trasplantada de hígado dos veces, un obstáculo que le puso la vida y que había logrado sortear, pero que en la actualidad suma otra afección: hipertensión pulmonar, una enfermedad que le ha impedido seguir trabajando.

Las negativas a aprobar sus licencias se han traducido en un año completo sin recibir ingresos, además de desilusión, frustración y el desgaste de tener que ir a luchar a las oficinas de la Compin para regularizar una situación que roza en la humillación.

“Todas las licencias fueron rechazadas por reposo injustificado”, dijo Karla, en una decisión donde también está involucrada la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

Dentro de los otros argumentos para no pagar sus licencias, ambas entidades se sustentan en que la afectada recibe una pensión de invalidez desde 2018, después de haber sido intervenida con su trasplante.

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Luego de su operación, ella quedó habilitada para realizar algunas labores, por lo que decidió trabajar en una media jornada. Lamentablemente, la nueva patología le impidió seguir en dichas actividades.

“Yo estaba con oxígeno (asistido)… cómo esperan que iba a ir a trabajar con un tanque de oxígeno a una oficina… Me da rabia y pena porque siento que se están vulnerando mis derechos”, manifestó la afligida mujer.

Claramente, la pensión por invalidez que recibe no es suficiente para costear sus exámenes y medicamentos. Y debido a la imposibilidad actual para trabajar, Karla se ha visto obligada a realizar eventos a beneficio y rifas.

“Creo que eso no corresponde. ¿Por qué tengo que luchar por algo que a mí me corresponde?”, cuestiona la afectada, al sentirse víctima de un sistema insensible y poco empático.

Discriminación y vulneración de derechos

Ante la falta de respuestas, Karla debió acudir a un grupo de abogados, quienes interpondrán un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Aquí se han visto vulnerados los derechos de Karla, principalmente su integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley y los derechos de propiedad, porque toda esta situación le está afectando en su trabajo también”, indicó Simón Parada, abogado del Grupo Le Zur que representa a Karla.

Parada fue más allá y señaló que con este caso se está generando una suerte de discriminación hacia las personas que tienen una discapacidad parcial en Chile.

Tras consultar con Suseso, la respuesta de la entidad llegó en forma de comunicado, donde afirmaron que reconsiderarán y evaluarán los antecedentes médicos presentados por Karla.

“Todo lo que tengo como enfermedad es realmente justificable”, asegura la mujer, quien pide encarecidamente que los evaluadores revisen bien su caso, que lo lean detalladamente y comprendan que las licencias médicas y la pensión de invalidez recorren caminos diferentes; que una situación no anula a la otra, necesariamente.

La lucha de Karla ya lleva más de un año y es bastante probable que la única forma de resolverlo sea en tribunales, frente a la indolencia de un sistema que, al menos en su caso y según la denunciante, no lee bien cada caso que le llega y simplemente los rechaza.

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