Sólo 31 reos cursan estudios superiores: Las causas y factores que complican la reinserción en Chile
Casi la mitad de los condenados reincide en nuevos delitos, generando uno de los problemas más grandes en el sistema penitenciario nacional. Falta de educación y programas concretos son algunas de los motivos que profundizan esta crisis.
A mayo de 2022, 5.367 internos a nivel nacional accedieron al programa de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad. Foto: Agencia Uno.
“Al quinto año de mi condena decido cambiar mi vida. Opté por estudios y saqué la escolaridad (tercero y cuarto medio) en el penal. Ahí pedí autorización para que pueda acceder a la educación superior, en el cual estoy a seis meses de recibir mi cartón, pero con cero ayuda”.
Estas palabras pertenecen a un interno del Complejo Penitenciario de Huachalalume, ubicado en La Serena, quien a sus 34 años está cursando la carrera técnica en Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Sustancias en el Instituto Iplacex.
Debido a que está privado de libertad por ocho años tras cometer un robo con intimidación, este reo, al que denominaremos como “Alejandro”, se educa de manera online, aunque asegura no recibir facilidades dentro del penal para cambiar el rumbo de su vida.
“No tengo espacio físico ni tecnológico para ir a estudiar. A veces tengo que entregar trabajos, reuniones y videoconferencias después de las 18:00 horas, que ya corresponden al horario de encierro, y no puedo asistir a esas cosas”, cuenta a CHVNoticias el convicto.
Eso sí, aclara que desde Gendarmería le entregan un computador para dar las pruebas en horarios establecidos. Sin embargo, apunta a que “para ellos sigo siendo un peligro para la sociedad”, por lo que no ha podido acceder a un patio de buena conducta en el que tendría más viabilidad.
La dificultad en la reinserción
El caso de Alejandro grafica la complejidad de reinsertarse en la sociedad para quienes caen en prisión, una situación que se da por varios factores y que, de acuerdo a analistas, no es nada fácil de enmendar.
Según datos oficiales entregados por el Ministerio de Justicia, hasta el 31 de mayo de 2022 había 42.382 personas privadas de libertad, de las cuales 26.950 se encontraban cumpliendo una condena y 15.432 eran imputados en prisión preventiva.
Cabe consignar que el Estado, a través de diversas entidades, cuenta con programas que buscan ayudar a la reintegración de los reos en la sociedad, uno de ellos es Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad (PPL).
Este tiene por objetivo facilitar el ejercicio de los derechos y que no se encuentren restringidos, por la condición de privación de libertad, a la universalidad de la población como lo es el trabajo, deporte, recreación, arte, cultura y educación y al que accedieron 5.367 internos a nivel nacional.
Por el lado contrario, uno de los principales problema es la reincidencia. Esto se entiende como nueva condena por un delito cometido luego de egresar del sistema penitenciario por cumplimiento de la condena anterior.
Gendarmería detalla en un estudio del año 2019 que el 42,9% de la población penal reincidió en temas delictuales. Si se hace un desglose, el 47,4% de los recluidos por 24 horas participó en nuevos crímenes.
En 2018 el 86% de las personas que están privadas de libertad no contaban con educación completa, según estudio CESC.
Principales factores
Otro informe elaborado en 2018 por la Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile sobre el riesgo de reincidencia delictual, precisó que el 86% de las personas que están privadas de libertad no contaban con educación completa antes de estar encarceladas. Más aún, el 7,3% sería analfabeto.
Catalina Droppelmann, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, explica que “la cárcel lo que tiende a hacer es profundizar situaciones de exclusión social que ya las personas que entran tenían previamente”.
“El proceso de reinserción social es tremendamente complejo porque no solamente incorpora la reinserción socio-ocupacional, es decir, el acceso al trabajo, sino que hay un aspecto de la sociedad en su conjunto. Esto implica no solamente a la persona que está intentando instalarse en la sociedad, sino que ésta debe acoger el proceso de cambio y esa es la parte más difícil”, sostiene.
La académica, investigadora en desistimiento del delito, sistema penitenciario y reinserción social, insiste en que la ciudadanía cree “bastante poco” en que los reos pueden dejar atrás su tipo de vida, lo que se demuestra en que “cuesta reestablecer lazos que se rompen durante el encarcelamiento”.
Sobre las fallas del Estado, la docente indica que un punto grave es que hay una “ausencia de una política nacional de reinserción social, que incorpore que el proceso no ocurre sólo cuando las personas salen de la cárcel, sino que es algo continuo que se tiene que dar desde el proceso de ejecución de la pena privativa de libertad. No sólo se requiere de un presupuesto adecuado, sino que de una coordinación intersectorial importante”.
“No es algo que solamente le compete a Gendarmería, tienen que estar involucrados otros ministerios como el de Salud, Educación y Vivienda. Con la ausencia de todo esto, se hace bastante complejo el proceso. Por tanto, lo que estaría faltando es el desarrollo de una real política penitenciaria o una política nacional de reinserción adecuada”.
Una mirada similar es la que entrega Ximena Marcazzolo, docente de derecho penal de la Universidad del Desarrollo, quien apunta a que “el problema carcelario está instalado en Chile hace años. Para mí, resulta determinante la falta de jueces de ejecución penitenciaria y de un sistema integral que pueda seguir y controlar el cumplimiento de la pena”.
Adicionalmente, hace hincapié que en materia de penas sustitutivas “hay mucho por mejorar” y que este factor es “relevante porque puede favorecer la reinserción de los condenados cuando se aplican correctamente y se toma en consideración cada caso concreto”.
Sólo 31 internos cursan estudios superiores
Consultados sobre cuántos privados de libertad están cursando alguna carrera en la educación superior, desde Gendarmería señalaron que son únicamente 31 a nivel nacional.
De esa cifra hay que tener en cuenta que se está considerando solamente a quienes están en el sistema cerrado, es decir, la cárcel. Asimismo, los interesados en continuar su educación al interior del penal, deben cumplir requisitos específicos como buena conducta, entre otros.
Los casos son variados y se dan en todo Chile, ya sea en Valparaíso, Concepción, Punta Arenas o La Serena, como ocurre con Alejandro. Muchos de éstos se enfocan en carreras técnicas como construcción o administración, aunque otros optan por áreas como la psicología.
Soluciones: reinserción y educación
Para poder cambiar esta preocupante situación, Catalina Droppelmann recalca que uno de los primeros aspectos a trabajar es el de la educación en los reos. Específicamente, para que estas personas puedan “reescolarizarse. Después estudiar dentro de la cárcel y que eso tenga una salida laboral”.
“Debe asegurarse el acceso de todas las personas que están privadas de libertad a un programa de rehabilitación y reinserción que incorpore el componente educacional y escolar”, agrega.
En esa misma línea, la investigadora enfatiza en que otro de los focos debe estar en las penas cortas (recluidos por menos de un año). “Son personas que entran y salen de la cárcel reiteradas veces que cometen delitos menores. Ellas no acceden a ningún tipo de intervención durante ese proceso de privación de libertad por sus condenas. Y al resto que sí puede acceder, tampoco es que haya una cobertura importante en términos de cantidad de programas que están disponibles”.
En tanto, Ximena Marcazzolo afirma que es “urgente” el mejorar las condiciones de encierro en los recintos penales. “Hay que cubrir adecuadamente sus necesidades de salud, de seguridad y garantizar que el castigo se cumpla sin que agrave más las restricciones de derechos propias de la pena”.
La académica de la Universidad del Desarrollo sostiene que también es clave el aporte de organizaciones que ya están colaborando en las cárceles, debido a que “entregan cuidados, asistencia jurídica, asistencia en materia educacional, implementan talleres laborales o recreativos, favorecen el contacto de los internos con su familia”.
Al 31 de mayo de 2022, había 42.382 personas privadas de libertad, de las cuales 26.950 se encontraban cumpliendo una condena.
“Sí se puede salir adelante”
Alejandro aclara que al dar a conocer su realidad no busca “reconocimiento ni fama”, sino que pretende “una real respuesta de las autoridades (…) Yo tomé esta iniciativa por una necesidad propia de poder estudiar para ayudar a otras personas a salir de este mundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si ya están involucradas? Con algo que se llama prevención“.
El interno actualmente lleva seis años recluido y en unos 24 meses recuperará su libertad. Una vez afuera y, con cartón en mano, indica que su primer desafío es “salir a trabajar y poder levantar, junto a autoridades, empresas privadas y gente que quiera apoyar, un centro de rehabilitación donde se pueda acoger gente de todos los estratos económicos, ya sean pobres, clase media o ricos”.
Allí, quiere hablar desde su “vida íntima y privada”, contando su propia historia y vivencias “para poder decir que sí se puede salir adelante, que sí se puede estudiar, que no importan cuántas veces te digan que no, que no importa cuántas puertas te cierren en la cara o que no te creen”.
Desde Gendarmería señalaron a este medio que están en conocimiento de su situación y que las autoridades del penal de Huachalalume conversarán con el reo para entregarle más facilidades en sus estudios.
