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“Al principio las empezaron a lanzar al aire. De hecho, yo vi como tres lacrimógenas volando por el cielo. Ya después empezaron a dispararlas a la altura de la gente. Yo sentí el sonido del disparo y el impacto ya en mi ojo derecho” asegura Natalia Aravena.

El relato de esta joven enfermera de 24 años se repite entre las más de 200 personas que han resultado con traumas oculares severos en medio del estallido social que remece a Chile. La cifra impresiona, más si se toma en cuenta el daño irreversible que adolescentes, jóvenes y adultos deberán enfrentar.

Muchas de las víctimas se han atendido en el sistema público, donde no han incurrido en gastos médicos. Sin embargo, otro número importante de familias han debido afrontar un elevado costo económico en remedios y cirugías, y en muchos casos, no tendrán dinero para hacer frente a los traumas psicológicos que generan la pérdida de un ojo.

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“La primera vez que me operaron fue en clínica y el doctor me dijo que igual iba a tratar de ponerme las menos cosas posibles, porque la operación en sí ya era cara. Mi familia no está en condiciones de pagar una cuenta de una clínica de ese tamaño”, explicó Diego Foppiano, joven herido el 19 de octubre pasado.

Es por ello que varias víctimas preparan acciones judiciales contra el Estado. Buscan que los uniformados responsables de sus lesiones sean sancionados y pedirán además una compensación económica.

“El costo emocional es grande, o sea perdí mi ojo. El proceso psicológico igual es fuerte”, relata un joven de 21 años herido en Plaza Italia y que prefiere no revelar su nombre.

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El último informe de la Sociedad Chilena de Oftalmología, asegura que las lesiones oculares durante las últimas semanas ya equivalen a la mitad de las ocurridas en 27 años de manifestaciones en el mundo. Por eso varias organizaciones no han dudado en catalogar a estas personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“Sin duda aquí estamos frente a una emergencia sanitaria. Por eso hemos hecho llegar nuestra inquietud, nuestra preocupación como Sociedad Chilena a las autoridades competentes y a las Fuerzas de Orden y Seguridad para que se haga revisión de los protocolos”, explica el doctor Dennis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología.

Los cuestionamientos al actuar de Carabineros llevaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín, a pedir un estricto apego a los protocolos policiales que hoy están en entredicho, a la luz de la cifra de personas con pérdida de uno de sus ojos.

Desde Carabineros aseguraron que es necesario esperar que las denuncias sean judicializadas para hablar de responsabilidades. El general Enrique Basaletti, jefe de Zona Santiago Oeste, se refirió a este tema y respondió a la pregunta de si es o no necesario modificar los protocolos existentes.

“Insisto, hay que esclarecer, investigar, pero derechamente si usted me pregunta yo no creo que hoy día estemos sentados esperando cambiar un protocolo que todavía no tenemos la evaluación de lo que esto arroje”, afirmó el General Basaletti.

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