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“Si no hay un papel no pueden hacer nada, esa es la impotencia siento. No quiero ser una víctima más mañana”, dijo Bernardita, quien decidió ponerle fin a las agresiones y amenazas tras 10 años. Lo que no sabía era que enfrentaría un largo proceso para recibir protección por parte del Estado.

Ella lleva 35 años casada con el hombre al que terminó denunciando. En uno de los últimos intentos por dar vuelta la página, se fueron a vivir al litoral central. El 7 de julio ocurrió uno de los últimos episodios de violencia: “Me golpeó, me trató sicológicamente mal, me insultó y me echó de la casa”.

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“Al denunciarlo, volví con carabineros y lo dejaron a él en la casa y a mi afuera. En ese momento si no hubiera tenido donde ir, hubiera quedado en la calle”, relató.

En su declaración ante el Tribunal de Familia, consiguió una orden de alejamiento contra su agresor, quien terminó debiendo abandonar el hogar. En paralelo denunció ante el Ministerio Público por lesiones, amenazas y maltrato. Pudo volver a casa pero no por mucho.

Sin protección

“Estaba durmiendo y siento que la puerta la empujan fuerte. Me dice que se viene a que dar. ‘No’, le dije. ‘Tienes que cumplir tu medida cautelar'”. Llamó a Carabineros y dos patrullas llegaron, pero nada pudieron hacer, ya que la orden de alejamiento tenía una duración de 30 días sin renovación automática, quedando expuesta ante su agresor. Bernardita dice que ella llamó a Fiscalía y no le contestaron, tampoco a Carabineros.

El Tribunal de Familia se declaró incompetente, ya que se podía tratar de un caso de “maltrato habitual”, y derivaron el caso a Fiscalía Local de San Antonio. Ahí insistió en renovar la medida cautelar, pero no hubo solución. Un vacío que dejó a ella, como a tantas otras denunciantes, sin protección.

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La abogada Mería Bell, de la comisión de Derecho Penal de Abofem, explicó que “este es un problema, que no se da en un caso, sino en muchísimos. Porque no hay sistema de prevención  ni control ni seguimiento de las medidas cautelares. Se deja sola a la víctima de que ella se haga cargo  de cuando falla la medida cautelar, de cuando se vence”.

La medida venció el 10 de agosto. Recién el 1 de septiembre recibió una llamada de la Fiscalía. Le preguntaron por el último episodio de violencia. Tras 24 días sin protección, por fin pudo volver a su casa, gracias a una nueva orden de alejamiento.

Lejos de ser la única

Un relato similar al de Bernardita entregó Javiera. Tras 17 años casada decidió denunciar las agresiones de su marido. “Siempre me desea la muerte, ojalá golpearme delante de mis hijos”, contó.

Hubo órdenes de alejamiento, pero ya se vencieron. La última denuncia la hizo hace dos años, en mayo del 2018. “No he vuelto a denunciar porque te cansa, el sistema no es bueno, no protegen a las mujeres”, aseguró.

Ella dice que las órdenes de alejamiento no deberían vencer porque los hombres agresores “no se mejoran”. La última de las agresiones la recibió luego de que el hombre se enteró de la retención del retiro del 10% de las AFP por no pago pensión alimenticia. En el audio que da cuenta de las amenazas, le dice que irá hasta su hogar para agredirla.

Respuesta de las instituciones

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) dicen reconocer fallas en el sistema por lo que en marzo pidieron a Juzgados de Familia renovar de manera automática y por 6 meses las medidas cautelares de las denunciantes de agresiones durante la crisis sanitaria. pero eso sólo aplicó para unas 700 mujeres patrocinadas por el servicio, no para quienes cuentan con abogado particular.

Las medidas cautelares han fallado, no se ha protegido a las mujeres en la red intersectorial“, evaluó Carolina Plaza, directora nacional del Sernameg.

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La abogada de Abofem destacó que “es importante la coordinación entre los tribunales de familia, el Ministerio Público, el Sernameg, porque cada uno de esas esferas puede tener protocolos pero si no se coordinan entre ellos vamos a seguir teniendo estos problemas”.

Mientras tanto, en el Congreso continúan estancados los proyectos de Ley de Violencia Integral y el proyecto de monitoreo telemático que pretenden mejorar las falencias en materia de ejecución  y seguimiento de medidas cautelares.. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, asegura que el problema son los recursos, ya que son muchas las denuncias que reciben en tribunales.

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