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Son tres hermanas, todas tienen más de 75 años, viven en el tercer piso de un edificio en Santiago Centro y desde marzo viven sin agua potable. ¿La razón? La administración decidió cortarles el suministro debido a que mantienen una deuda en los gastos de la comunidad.

Hace casi cinco meses, el edificio sufrió un desperfecto en el sistema de agua potable y la reparación tuvo un costo de $25 millones. Cada departamento debía pagar $1 millón 900 mil para cubrir ese costo, pero ellas no pudieron.

En conversación con CHV Noticias, María Eugenia, una de estas hermanas, contó que cada una recibe menos de $200 mil al mes, una suma que escasamente les alcanza para sus necesidades básicas. Y aunque quisieron, no lograron pagar la deuda comunitaria.

Diariamente, pese a su avanzada edad, se ve a estas tres ancianas acarreando bidones de agua hasta su casa. Si no lo hacen, no pueden alimentarse ni asearse.

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Conmovidos por la situación, los vecinos se han organizado para ayudarlas. Incluso, uno de ellos conectó una manguera desde su baño para que puedan llenar la tina y puedan ocupar el inodoro. Y aunque agradecen la ayuda, ellas dicen sentir vergüenza e impotencia.

Hoy, ellas piden que se les permita pagar en cuotas la deuda con la comunidad y para ello piden que la Municipalidad de Santiago les otorgue ayuda jurídica.

Por su parte, la representante del comité de administración del edificio prefirió no referirse al tema.

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¿Es legal cortar el agua?

Luego de conocerse este conmovedor caso, es posible preguntarse qué tipo de sanciones pueden aplicar administraciones a los vecinos con deudas pendientes.

Según explica el abogado José Francisco Gallegos, la ley de copropiedad inmobiliaria establece que se pueden realizar únicamente cortes de suministro eléctrico para aquellos casos en que se adeuden más de tres cuotas de gastos comunes, por ejemplo. Y así lo han ratificado las Cortes de Apelaciones o Juzgados de Policía Local.

No pueden cortar el suministro de agua potable. Este recurso no puede ser cooptado por parte de la administración de un edificio en contra de los copropietarios o arrendatarios”, explicó el profesional.

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