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Sector de Los Pellines, aproximadamente 20 kilómetros a la costa de Valdivia. 7:30 de la mañana del miércoles 12 de junio.

Un amplio operativo compuesto por Fuerzas Especiales se movilizaba en la comunidad mapuche lafkenche Ñanco Barrientos para desalojar a la veintena de personas que convivía en las rucas comunitarias. Muchos de ellos, adultos mayores.

El aviso no era nuevo, sin embargo, esta vez se concretó. La primera orden de desalojo llegó el 25 de septiembre de 2018, notificando a David Ñanco y Rosa Barrientos –quienes representaban a todos los convivientes descendientes del pueblo originario– que debían abandonar el territorio, pues este no era de su propiedad.

“Ellos conocen cada centímetro de esa tierra y siempre han estado ahí. El terreno se hizo no hace muchos años. Ahora, donde hay camino transitable, este lugar y todos estos espacios se están haciendo muy requeridos por la gente que está comprando“, afirma Paola Aroca, machi que forma parte de la comunidad.

“Destruyeron la casa, la ruca comunitaria donde cada cierto tiempo se hacen reuniones. Los trawün nuestros se hacen en distintas comunidades, entonces, en esa comunidad, lo hacemos en esa ruca. Y llegó la retroexcavadora y desarmó, rompió todo. Y tuvimos que mirar, porque no podíamos poner resistencia con esa cantidad de carabineros que había. La violencia psicológica que se nos hizo fue de un amedrentamiento gigante“, relata a CHVNoticias.cl.

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De acuerdo a sus declaraciones, esta tierra tendría Título de Merced, clasificación que fue otorgada a los terrenos del pueblo mapuche entre 1884 y 1929, cuando el Estado chileno concluyó el proceso de ocupación militar de la zona de La Araucanía. “Son tierras declaradas legalmente como territorios indígenas y no se pueden vender, no se pueden arrendar, no se pueden intercambiar“, reafirma Aroca.

“Nosotros queremos dialogar. No estamos haciendo ningún acto violento, porque el pueblo mapuche no es un pueblo terrorista, es un pueblo dialogante, y la verdad es que llega a dar vergüenza ajena, porque no están a la altura de un diálogo”, agrega la machi.

Además, señala que autoridades del sector aseguraron que efectivamente se realizaría una mesa de diálogo entre María Pía Montaner, que se presenta legalmente como dueña del territorio, la comunidad afectada, la intendencia y Forestal Arauco, pues esta última habría comprado el sector.

Por su lado, Forestal Arauco desmiente esta versión y niega tajantemente haber adquirido el territorio o tener planes de hacerlo a futuro. La confusión, señalan, podría deberse a que uno de los terrenos de la empresa colinda con el predio. 

El modo en el que el terreno fue obtenido por esta particular, aparentemente, fue a través de un remate que tuvo lugar en 1980.

“En diciembre del año pasado el intendente se comprometió con las comunidades a realizar una mesa de diálogo para revisar este problema, porque ellos aceptan que hay un remate fraudulento“, declaró al respecto la abogada de la comunidad, María Fernanda Catalán, a Bío-Bío Chile.

La mirada de las autoridades

En tanto, la seremi de la Región de Los Ríos, Ann Hunter, afirmó al mencionado medio que “como Gobierno, no podemos interferir de ninguna manera en el cumplimiento de un mandato judicial. Nuestro intendente regional, César Asenjo, en conjunto con el seremi de Desarrollo Social, Carlos Rolack, durante el año pasado mediaron junto con las comunidades y los propietarios de los terrenos para que no se efectuara el desalojo en dicha fecha”.

Hunter asegura que se han tomado todas las precauciones para que la acción se lleve a cabo sin lamentar ningún tipo de violencia y “se ejecutó en forma pacífica y siempre resguardado por Carabineros. Pero no obstante eso, estamos siempre abiertos al diálogo“.

Desde la Intendencia, señalaron a CHVNoticias.cl que, en un comienzo, el desalojo se logró aplazar desde su fecha inicial a mediados del año pasado, e incluso se intentó interceder con la mujer a cuyo nombre está el terreno, sin embargo, ella no lo quiso vender.

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La contraparte

Por otro lado, el abogado de quien figura legalmente como dueña de la propiedad, Alejandro Durán, afirma frente al desalojo que “el predio estaba tomado, pero en él no vivía persona alguna, ni siquiera los responsables de la toma quienes tienen sus casas en otros sectores”. Agregando que quienes figuran en los videos del desalojo no son habitantes del terreno, sino vecinos que se acercaron a ver lo que pasaba y comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares.

Niega, también, que Intendencia haya pretendido interceder con la propietaria del sitio, pues nunca se les ofreció vender. Y el punto que más recalca es que el predio no tendría la calidad de Título de Merced. “Ese terreno nunca ha sido declarado tierra indígena. Tiene 5 propietarios anteriores no mapuches, en una cadena de títulos de dominio desde 1938″, señala Durán.

Afirma también que las acusaciones de que el remate en el que se adquirió la tierra hubiese sido fraudulento son falsas. “Se puede comprobar al revisar el proceso judicial, donde se concluye que el remate fue perfectamente legal y conducido por los tribunales de justicia“, finaliza.

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