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Maritza Orellana de 64 años intenta sacar de su propiedad a su arrendatario quien desde julio de 2019 no le paga la mensualidad por un local contiguo a la casa en la cual ella vive. El arriendo del inmueble que debía cancelar es de 1.2 millones de pesos mensuales, es decir más de 33 millones desde que se encuentra moroso. La afectada, declaró que le interesa que le paguen al menos el agua y la luz, que llegan a un monto de 500 mil pesos mensuales. Según Maritza la justicia le dio la razón, pero deben emitir la orden para que Carabineros lo desaloje. «No me importa ir presa», señala Maritza. Los expertos explican que la decisión de la afectada de cerrar con un candado la propiedad sin esperar la resolución se conoce como el delito de autotutela y podría perjudicarla judicialmente.

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