Universidad de Chile

“Hemos venido a presentar una querella criminal porque hemos sido objeto de espionaje, de amedrentamiento, prácticas que nos hacen recordar los tiempos de la dictadura civil-militar”. Con estas palabras Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), explicó la acción judicial que interpusieron junto a otros nueve dirigentes y autoridades de la Universidad de Chile contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el general director de Carabineros, Mario Rozas.

La querella busca establecer responsabilidades por los delitos de abusos en contra de particulares contemplado en los artículos 255, 161 letra A y 292 del Código Penal, cometidos en contra de los firmantes en el marco del espionaje realizado por Carabineros a la actividad de conmemoración del Día Internacional del Detenido y Detenida Desaparecida realizada en la Casa Central de la U. de Chile.

La operación de inteligencia de la policía se conoció gracias a la filtración de cientos de documentos secretos que fueron analizados por medios de comunicación. En estos se dio a conocer que autoridades de la Casa de Bello como la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, y la presidenta de la Fech, Emilia Schneider, así como dirigentas de organismos de defensa de los Derechos Humanos fueron señaladas como “blancos de interés”.

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Al respecto, la vicerrectora aseguró que resulta inaceptable la acción de Carabineros, que representa no sólo una vulneración de derechos individuales, sino que también una afrenta a una institución pública y abierta a la ciudadanía como es el plantel del que forma parte. “No puede ser que ciudadanas y ciudadanos estemos siendo espiados, que agrupaciones de DD.HH., sindicatos, organizaciones y líderes sociales sufran este acto de amedrentamiento en una democracia”, afirmó.

Junto con ello, Zerán alertó que “estamos en un momento muy delicado en el país. Se han traspasado líneas que pensábamos que en democracia eran imposibles de traspasar, cuando vemos los perdigones y la represión en contra de estudiantes, niños y adolescentes de nuestro país”.

En la misma línea, Emilia Schneider afirmó que el organismo estudiantil considera que debe haber responsabilidades políticas porque “lo que aquí ocurre es persecución política. No hay motivos que justifiquen esta operación de amedrentamiento. Lo que está haciendo el gobierno es seguir horadando y destruyendo nuestra democracia”.

Además de Pizarro, Faride Zerán y Schneider, firman también la querella Julieta Urquieta, abogada de DD.HH., Marucela Ramírez, fotógrafa, Ana María Carreño, Juan Carlos Conejeros, Roger Rivera, Marcos Rodríguez, fotógrafo, y Marta Vega.

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