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Un total de 29 personas fueron detenidas tras participar de una fiesta clandestina durante la madrugada de este sábado, luego de una serie de denuncias realizada por vecinos de calle Copiapó, en Santiago.

«Llegó personal del municipio y de Carabineros, notando que había una fiesta con alto volumen. Ingresaron al lugar, tomaron contacto con el organizador y verificaron que habían cerca de 50 personas en esta fiesta clandestina. Algunos intentaron huir al ver la presencia policial, pero se logró la detención de 29 de estas personas», explicó el capitán Remssy Parra, oficial de ronda de la Prefectura Central.

La información preliminar entregada por Carabineros, señala que el recinto era utilizado, como fachada, para estacionamiento y lavado de automóviles. «Se logró el decomiso de 144 botellas de cerveza, equipos de amplificación, tickets de ingreso y publicación del consumo de bebidas alcohólicas y alimentos al interior de la fiesta», añadió el uniformado.

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Los 29 participantes fueron detenidos por infringir el artículo 318 del Código Procesal Penal, que refiere a poner en peligro la salud pública de las personas en medio de un Estado de Excepción Constitucional.

El organizador, identificado como un hombre de 41 años de nacionalidad peruana, también transgredió la normativa, pero -además- se le buscará imputar una violación a la ley de alcoholes.

En el operativo que culminó con la detención de estas personas, también participó personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago. Roberto Matías Peña, supervisor de terreno, advirtió que «estas fiestas eran, más o menos, reiteradas. Eran semana a semana y las promovían por redes sociales».

Querella del Gobierno

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, describió los hechos ocurridos como «gravísimos y totalmente incomprensibles en época de pandemia».

«Como Ministerio del Interior, nos querellaremos por el delito contemplado en el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública en época de pandemia, con penas privativas de libertad que van desde 61 hasta 540 días de presidio, y $300 mil a $1 millón de multa», agregó.

Finalmente, la autoridad de Gobierno fue enfática en señalar que, «para aquellos ciudadanos extranjeros, investigaremos su situación migratoria. En caso de ser responsables del delito, serán expulsados del país».

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