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Este miércoles, el Congreso de Argentina comenzará a debatir un proyecto de ley para despenalizar el aborto, cuyo desenlace es aún incierto por la libertad de conciencia que han permitido la mayoría de partidos y la igualdad entre los legisladores que ya anunciaron el sentido de su voto.

Las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal dieron por 64 votos a favor y 57 en contra dictamen de mayoría a la iniciativa, el trámite anterior a su votación en Diputados, donde podría obtener media sanción a la espera de su aprobación definitiva en el Senado.

Debido al elevado número de intervenciones previstas, la sesión se alargará probablemente hasta la madrugada del jueves, y llega precedida por cientos de discursos, tanto a favor como en contra, pronunciados por médicos, expertos o religiosos, entre otros, que fueron llamados a las comisiones.

Mientras tiene lugar la sesión, en el exterior del Congreso, en una plaza que estará dividida en dos partes para evitar incidentes, hay convocadas manifestaciones de grupos antiabortistas y de quienes defienden la interrupción voluntaria del embarazo, a las que se espera que asistan miles de personas.

El texto propuesto establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y, después de ese plazo, en los dos casos permitidos hoy o si existen malformaciones fetales graves.

Actualmente, el país rige su normativa al respecto por el Código Penal de 1921, que considera el aborto un delito, aunque contempla que “no es punible” cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.

Según Amnistía Internacional, el aborto es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias de Argentina, y, según Unicef, nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, a lo que se suman los 500.000 abortos clandestinos que organizaciones feministas aseguran que se realizan cada año en el país.

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