Luego de tres años desde que se abrió la investigación por los destrozos que ocurrieron al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) durante la toma realizada por estudiantes, el Ministerio Público decidió no perseverar en la indagatoria y decretó su cierre. 

La decisión, que se adoptó este mes, fue comunicada por el actual fiscal de la causa, Patricio Cooper, al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, según consigna El Mercurio.

El caso fue abierto a partir de una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de daño a monumento nacional y robo en lugar no habitado, que se amparó en un informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, que señalaba que tras la movilización se verificaron “importantes daños a la infraestructura”.

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El documento también mencionaba perjuicios de tipo “patrimonial, al inmobiliario y al equipamiento, así como el extravío de especies y documentos”, que ocurrieron cuando se encontraban 19 jóvenes (uno de ellos mayor de edad) al interior del instituto.

La querella del CDE además detalla que “de un total de 238 piezas declaradas monumento histórico, mediante el Decreto Exento N° 8 de 04.01.2006 del Consejo de Monumentos Nacionales, 189 no fueron localizadas, y de las 49 restantes, cinco piezas resultaron dañadas durante la toma”, entre ellas, “el cuadro de óleo sobre tela Retrato de Diego Barros Arana”.

El organismo también denunció destrozos en la sala de informática, cuyo acceso estaba forzado, y la desaparición, entre otros, de “22 notebooks, cinco CPU, 13 proyectores, siete cámaras fotográficas, tres radios, cuatro impresoras”.

Además, durante esos días, un informe de la Municipalidad de Santiago estableció que los 19 días de toma en el INBA dejaron pérdidas por $320 millones.

Desde la Fiscalía explicaron del cierre de la investigación radica en que, si bien pudo establecerse la existencia de un delito, no se logró atribuir participación en el mismo a una persona determinada, dado que no había cámaras de seguridad en el lugar o testigos que permitieran imputar responsabilidad a alguien en particular.

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Con respecto a los 19 jóvenes que se encontraban al interior del recinto y que fueron detenidos cuando ocurrieron los hechos, se señaló que ellos estaban en otro sector del instituto por lo que “no había cómo atribuirle una conducta determinada a una persona determinada”.

El próximo 1 de octubre se realizará una audiencia para decretar el cierre de la causa y la decisión de no perseverar “por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Aún así, el CDE aún tiene margen para pedir nuevas diligencias, si lo considerara necesario, y con ello solicitar la reapertura de la investigación.

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