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La Contraloría General de la República se pronunció durante la jornada de este miércoles sobre el protocolo de objeción de conciencia del ministerio de Salud en relación con la aplicación de la Ley de Aborto en tres causales.

Al respecto el ente fiscalizador dictaminó que el protocolo no se ajusta a derecho, ya que según consideró esta instancia, los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud, según informó radio Bio Bio.

La determinación de la Contraloría además agrega que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, ya que se considera que a través de cualquier financiamiento público son parte de la red de salud

Con esta determinación, la iniciativa impulsada en la Contraloría por un grupo de parlamentarios críticos del liderazgo del ministro Emilio Santelices queda sin efecto, tras considerar que la autoridad incurrió en una serie de irregularidades distorsionando el sentido de la ley aprobada bajo el mandato de Michelle Bachelet.

 

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