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A través de un informe final, la Contraloría reveló que detectó irregularidades en la subsecretaría de Prevención del Delito entre 2014 y 2018.

En específico, se encontraron anomalías en el Plan Nacional de Seguridad Pública, tanto en la puesta en marcha y ejecución de este plan, como en las finanzas.

Por ejemplo, en cuatro años el Estado desembolsó más de 122 mil 300 millones de pesos para financiar 27 metas, de las cuales la Contraloría determinó que no se cumplió con 16 de ellas.

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