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El fiscal de Alta Complejidad Temuco, Luis Arroyo, se querelló contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros por, dice, haber inventado pruebas en el marco de la Operación Huracán para perjudicarlo.

El persecutor señala en la acción, presentada a título personal, que la DIPLOCAR habría realizado acciones para culpar a una de sus abogadas asistentes, Mónica Palma, de supuestas filtraciones a un imputado en la mencionada operación.

Según los argumentos de la querella, los hechos habrían ocurrido por una presunta negativa de parte de la fiscalía a algunas peticiones de Carabineros que estarían fuera del marco de la ley, en el contexto de las investigaciones por los atentados incendiarios en la Araucanía.

Esto buscaría “crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”, según las palabras del Arroyo.

Minutos despues de conocida esta noticia, a través de un comunicado el Gobierno informó que ya se solicitó una investigación administrativa

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