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A primera hora del miércoles, personal de la Policía de Investigación (PDI) allanó la casa del fiscal Sergio Moya como parte de las indagatorias por sus presuntos vínculos con carabineros involucrados en la Operación Huracán y que utilizaron el controvertido software Antorcha, y se encontraron con material relacionado con el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

A través de un documento exclusivo al que accedió CHV Noticias, hoy se constató que el propio Moya informó al Juzgado de Garantía de la misma comuna que “a las 06:00 am ingresó a mi domicilio personal de la PDI con un fiscal que no recuerdo su nombre y se indentificó como fiscal de La Serena”.

“Señalaron tener una orden verbal de una jueza de Temuco y procedieron a revisar toda mi casa e incautar soportes informáticos de los abogados particulares incautados en sus oficinas de la causa del Ministro Emilio Elgueta, los que por especial resolución del tribunal deben ser debidamente resguardados por el secreto profesional”.

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En el documento, el fiscal además señala que le fueron incautados los discos duros de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, y los teléfonos de los abogados que asumieron sus defensas. 

Moya explicó que “pretendía llevar hoy” a la Fiscalía Regional Sur los soportes mencionados anteriormente, y al final del texto detalla que “yo dejo esta constancia en el tribunal porque es un tema particularmente delicado por los ribetes de la causa”.

El caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua salió a la luz a fines de marzo pasado, cuando se conoció de las investigaciones en contra de los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido en el ejercicio de sus funciones, y a quienes se les sindican los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En esta trama aparecen una serie de irregularidades como beneficios a un doctor condenado por tráfico de sicotrópicos, registros telefónicos que dan cuenta de cómo una banda narco obtiene la libertad de uno de sus miembros a cambio de dinero, y de los vínculos con abogados que litigan en causas que ellos deben dirimir.

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