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Gobierno argentino criticó ataques de encapuchados a embajada en Chile

Los manifestantes, que protestaban por la muerte de Santiago Maldonado, lanzaron piedras y objetos con fuego.

Gobierno argentino criticó ataques de encapuchados a embajada en Chile

El Gobierno de Argentina transmitió a Chile su «grave preocupación» por los hechos de violencia ocurridos este lunes en la embajada en Santiago, en protesta por la muerte del activista argentino Santiago Maldonado.

«Un grupo de encapuchados violentos trataron de invadir la sede diplomática argentina arrojando piedras y objetos con fuego que dañaron y rompieron parte del inmueble de la sede diplomática argentina en ese país», expresó la Cancillería del Gobierno de Mauricio Macri en un comunicado.

Diversas organizaciones sociales chilenas habían convocado para la tarde de este lunes una manifestación para pedir justicia en el caso Maldonado, cuyo cadáver fue hallado e identificado la semana pasada, tras permanecer 80 días desaparecido en la provincia de Chubut, Argentina.

La marcha fue disuelta en Plaza Italia, cuando un grupo de encapuchados arrojó objetos con fuego y piedras al patio delantero de la embajada de Argentina, rompiendo algunas ventanas del edificio, además de intentar incendiar un bus del Transantiago en medio de la vía pública.

El Gobierno Argentino, en el texto difundido, transmitió a Chile su «grave preocupación» por lo ocurrido.

Además, mostró su condena a este «acto de violencia y vandalismo» y repudió «firmemente» este tipo de manifestaciones «como forma de expresión pública y de promoción de ideas políticas».

El caso Maldonado mantiene en vilo a Argentina desde el 1 de agosto, cuando Santiago fue visto con vida por última vez mientras participaba en una protesta de una comunidad mapuche en el sur del país que reprimió Gendarmería.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que el cuerpo, hallado la pasada semana en un río cercano a donde se produjo la protesta, no tenía lesiones, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la hipótesis de que la responsabilidad de su muerte es del cuerpo policial, que depende del Gobierno.

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