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Finalmente el Gobierno modificó y envió un nuevo protocolo a Contraloría para el aborto en tres causales.

Este decreto impide que los establecimientos de salud que reciben fondos públicos para ginecología y obstetricia puedan optar a ser objetores de conciencia.

Una medida ante la que el diputado socialista Juan Luis Castro señaló que “es lo mismo que habían derogado. Es francamente inexplicable”.

Macarena Castañeda, impulsora del aborto libre, criticó la demora en la entrega de un reglamento que no entrega nada nuevo y no se hace responsable de otras problemáticas.

Por su parte el parlamentario UDI Javier Macaya también realizó críticas aunque defendiendo a los prestadores privados y su libertad de elegir.

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