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Hasta ahora, el ministro Mario Carroza está investigando 525 casos de adopciones irregulares, es decir, menores que al nacer habrían sido quitados a sus padres biológicos y comercializados al extranjero, entre la década de los 70 e inicio de los 90.

Este jueves, el Instituto de Derechos Humanos decidió interponer cuatro querellas criminales contra quienes resulten responsables por estos gravísimos acontecimientos.

“No se trata de hechos aislados, sino de hechos reiterativos, que nosotros consideramos que constituyen verdaderas violaciones a los derechos humanos”, afirmó el abogado Pablo Rivera.

Debido a la complejidad de los antecedentes, el organismo está estudiando otros casos y, en base a ello, evalúa sumar nuevas acciones legales durante los próximos días.

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