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El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, admitió estar investigando más de 500 casos de adopciones ilegales ocurridas durante la dictadura en el marco de la investigación que se está realizando por la sustracción de menores durante 1973 y 1990 en el país.

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI incautó los documentos que mantenía en su poder Telma Uribe, asistente social que se encuentra en calidad de inculpada en estos casos. Estos documentos mantenían 579 adopciones de menores chilenos entregados entre 1950 y 2001.

Debido al rol de Telma en la investigación, la Brigada de DD.HH. de la PDI retiró desde el domicilio de Uribe 351 carpetas, ocho cuadernos de campo, cuatro archivadores y cinco agendas para aportar la indagatoria del ministro en visita, Mario Carroza.

Asimismo, un informe elaborado por la asistente social y abogada, María Cecilia Erazo, al que tuvo acceso La Tercera, analizó el kárdex de Telma Uribe y señaló que “en algunos casos (Uribe) sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro“.

 

 

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