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Una política de paridad nacional fue la que Islandia impulsó en abril de 2017 y que finalmente, fue aprobada por el parlamento de ese país, entrando en vigencia a partir de este mes.

La normativa indica que las empresas tanto privadas y públicas deberán certificar que se ajustan a las nuevas políticas de paridad salarial o, de lo contrario, tendrán que hacer frente a sanciones económicas, según indica el diario español El Mundo.

Esta medida implica que, de ahora en adelante, deberá existir un equilibrio en el salario por igual trabajo independiente de género, etnia, sexualidad o nacionalidad, siendo las empresas con más de 25 trabajadores las que deberán obtener una certificación del gobierno sobre igualdad salarial.

Cabe destacar que la ley fue implementada bajo un  gobierno de coalición en Islandia, presidido por una mujer, Katrín Jakobsdóttir

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