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El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ex mandatario Alberto Fujimori comenzó a tener sus primeras consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.

Dos días después del indulto y derecho de gracia a Fujimori, presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.

En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori “no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”, mientras que Sánchez señaló que le resulta “insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas”.

Al respecto, el analista internacional Renato Garín, señaló en conversación con Última Mirada que “el indulto es del máximo nivel jurídico político. Esto significa que frena todos los procesos en su contra”, indicó sobre las características del indulto.

“La brutalidad del Fujimorismo hace que los simpatizantes de PPK tomen distancia del gobierno y le quiten piso político”, señaló sobre el incierto futuro del presidente peruano.

Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.

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