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Un decreto enviado por el Gobierno a la Contraloría en las últimas semanas, pretende modificar el reglamento de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y de Otro Tipo. En la práctica, permite almacenar los datos de sus llamadas, mensajes y de los sitios de Internet que visitó con su teléfono por dos años.

A esto se agrega que se tenga la posibilidad de acceder a ellos sin una orden judicial, sin embargo, se asegura que esta medida puede ser considerada como inconstitucional.

Es por esta que nos acompaña María Paz Canales, directora ejecutiva de la ONG Derechos Digitales, quien nos explicó los alcances que puede tener esta modificación.

 

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