Querella por supuesta estafa en ‘caso subsidios’ pide que declare ex ministra Patricia Poblete
La Fiscalía Regional Centro Norte, ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI indagar todos los antecedentes que permitan dilucidar si las autoridades del Minvu y el Serviu del año 2009 cometieron el supuesto delito de est
La Fiscalía Regional Centro Norte, ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI indagar todos los antecedentes que permitan dilucidar si las autoridades del Minvu y el Serviu del año 2009 cometieron el supuesto delito de estafa y fraude en contra de 10.200 postulantes al subsidio de vivienda usada, quienes nunca recibieron el beneficio estatal.
La orden emanada el pasado 27 de agosto contempla un plazo de 90 días para que la policía civil investigue la querella presentada por la empresa RedAlmarza el 9 de agosto de 2013 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La acción legal apunta como supuestos responsables a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del SERVIU metropolitano, entre los meses de febrero y julio del año 2009.
El querellante, además, solicitó que se decrete como diligencia de investigación la citación a declarar a las máximas autoridades del Minvu y del Serviu metropolitano de esa época, incluida la ex ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, y el ex director del Serviu metropolitano, Andrés Silva Gálvez, entre otras autoridades.
Según el gerente general de la empresa, Sergio Almarza, los supuestos hechos delictuales consisten en un engaño desplegado por dichas autoridades en el contexto de entrega de subsidios para vivienda usada del Fondo Solidario de Vivienda.
Añadió que, sabiendo de antemano que en la Región Metropolitana no existían recursos disponibles destinados a subsidios para operaciones que ingresaran al Banco de Proyecto durante 2009, y yendo en contra de la normativa, abrieron de todas formas la ventanilla para la postulación de nuevos subsidios.
Génesis del caso subsidios
El «Caso Subsidios para vivienda usada» se remonta al primer semestre de 2009, cuando el Ministerio de Vivienda suspendió la asignación del subsidio habitacional para la adquisición de viviendas usadas a un total de 10.200 familias vulnerables que cumplían con todos los requisitos, incluidas las respectivas promesas de compra-venta de los inmuebles.
Alrededor del 88% de los casos correspondían a mujeres jefes de hogar del primer quintil de ingresos. Los recursos para el pago de los subsidios eran equivalentes a US$ 280 millones.
El 11 de junio de 2009, el Serviu se reunió con un grupo de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) para informarles que se habían agotado los recursos para la vivienda usada, por lo que no se emitirían certificados. Sin embargo mantuvieron abierta la ventanilla hasta el 8 de julio de ese año, recibiendo otras dos mil postulaciones, lo que, según Almarza, sería ilegal.
