Foto: Agencia Uno

Un grupo de representantes del Frente Amplio llegó durante la mañana de este martes hasta el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para presentar una querella criminal en nombre en contra de una serie de autoridades por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país a partir del estallido social del 18 de octubre.

Entre ellos se encuentra el presidente Sebastián Piñera, en calidad de autor; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; su antecesor, Andrés Chadwick; el intendente metropolitano Mario Rozas; y el general director de Carabineros, Mario Rozas, según resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad.

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Entre los delitos presentes en la querella se encuentran homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente a la suerte o paradero del detenido y mutilación de ojos.

La ex candidata presidencial del conglomerado, Beatriz Sánchez, explicó que “no puede ser que si estamos en una democracia no haya garantías para las personas que quieran manifestarse en nuestro país, aquí hay un poder político que tiene que hacerse responsable”.

En la instancia también estuvo presente Javiera Toro, presidenta de Comunes, quien manifestó que “esto últimos meses hemos visto el resultado de una herencia e historia muy triste que tenemos en Chile debido a que todavía no tenemos justicia por las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura, y cuando la sociedad se moviliza vuelven estas prácticas para acallar al pueblo”.

En tanto, la presidenta de RD, Catalina Pérez, manifestó que “los derechos humanos no se transan por nada ni nadie” y que “un Estado de Derecho exige un respeto irrestricto por ellos y hoy en día no existen responsables en Chile por los crímenes en los últimos meses”.

“Cuando decíamos nunca más, realmente esperábamos que en Chile nunca más sucedieran este tipo de cosas y hoy tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de lo que ha pasado”, agregó.

La querella detalla una serie de casos ocurridos durante los últimos cuatro meses, entre los que se encuentran los de Abel Acuña y Mauricio Fredes, y se señala que constituyen el “delito de Crimen de Lesa Humanidad establecido en los artículos primero y siguientes de la ley 20.357, que determina las conductas de crímenes de lesa humanidad y fija su penalidad, como así también en lo pertinente a lo establecido en el Estatuto de Roma“.

Además, se indica que desde que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia, durante la madrugada del 19 de octubre, “las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades, como así también la perpetración organizada, generalizada y sistemática de delitos que se concentraron en un período de tiempo que va desde el día 18 de octubre del presente año a la fecha de la presentación de esta querella”.

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En la misma línea, se adjunta una serie de declaraciones de las autoridades que apuntan a justificar este tipo de procedimientos, como las afirmaciones de Piñera en conversación con CNN en Español, donde señaló que “muchos de los videos relacionados con Derechos Humanos que se han difundido profusamente en medios de comunicación, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos. Que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados. Sin duda, hemos tenido que enfrentar una campaña de desinformación”.

De este modo, se solicita al tribunal acoger la querella a tramitación y que “se disponga la investigación de los hechos por el Ministerio Público y finalmente los culpables sean acusados y en definitiva, condenarlos a las máximas penas establecidas por la ley y al pago de las costas de la causa“.

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