Sin duda, el incidente que protagonizó el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, quien expulsó a tres mujeres de las orillas del lago Ranco argumentando que se trataba de “su jardín”, se convirtió en una de las noticias más polémicas de la semana pasada.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward (UDI), finalmente zanjó el asunto al asegurar que el lugar en que se encontraban las víctimas era playa, es decir, un espacio de uso público, y en la ocasión también fue enfático en señalar que en Chile no existen playas privadas.

Sin embargo, existen mecanismos para que privados -sin fines productivos- puedan hacerse una especie de “playa privada” a través de una concesión marítima, y según publica El Dínamo, incluso el mismo presidente Sebastián Piñera lo realizó.

De acuerdo a la publicación, el mandatario tiene a su disposición más de 800 metros cuadrados de playa en el Lago Caburgua, Región de La Araucanía, y para conseguirlo realizó una tramitación que inició e incluyó pasos claves durante su primer gobierno.

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La solicitud de concesión marítima fue presentada por el propio Sebastián Piñera Echenique ante la comuna de Pucón el 19 de abril de 2011, y en el documento señaló que su propósito era “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización”. Además, incluyó ciertas “mejoras fiscales” como dos rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”. 

En la solicitud se señala que el solicitante tiene la iniciativa de “regularizar las instalaciones existentes”, debido a que se había ocupado de forma “ilegal” el espacio desde 2001, aunque según un informe técnico las primeras construcciones se habrían instalado de forma irregular ya en 1990.

Entre las autoridades que estudiaron la solicitud se encuentra la Capitanía de Puerto Villarrica, autoridad marítima que elaboró dos informes técnicos que aprobaron la petición, y que contaron con la opinión de la gobernación marítima y la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar). 

Lo anterior se realizó bajo la coordinación del Departamento de Asuntos Marítimos, que depende del Ministerio de Defensa Nacional, que en ese entonces era liderado por el actual senador RN, Andrés Allamand.

Lo anterior, sumado a la tasación del SII, permitía que la solicitud del mandatario estuviera en condiciones de ser aprobada. Aún así, pasaron varios años y sólo en junio de 2017, ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se emitió el decreto supremo que otorga la concesión marítima en un sector de la playa en la comuna de Pucón.

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