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Tribunal decreta prisión preventiva de femicida de Maipú

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Pablo Pérez González, de 35 años, como autor del femicidio de su esposa, la violación y el homicidio de la hija mayor de ésta, la madrugada del domingo en la comuna de Maipú.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Pablo Pérez González, de 35 años, como autor del femicidio de su esposa, la violación y el homicidio de la hija mayor de ésta, la madrugada del domingo en la comuna de Maipú.
El tribunal tuvo por consideración la gravedad de los delitos imputados y el consumo excesivo de drogas por parte del imputado, lo que lo convierte en un peligro para la seguridad de la sociedad.
Pérez González llegó hasta su domicilio de Avenida Portales, en la citada comuna la noche del sábado para celebrar un nuevo aniversario de su matrimonio, pero la ingesta de alcohol y su problemático consumo de cocaína derivó en un estado crepuscular que terminó con la muerte de su esposa, Nadia Varas Cuevas (35), junto con la violación y posterior asesinato de la hija mayor de ésta, Barbara Herrera Varas (16).
Según contó a la PDI, tras asfixiar a su esposa, Pablo Pérez González fue a la pieza contigua, violó a su hijastra y luego la estranguló. Todo habría comenzado por una discusión, ya que Nadia Varas habría sorprendido al agresor consumiendo cocaína.
La mujer fue a su dormitorio donde se acostó con sus dos hijos menores, de cuatro y cinco años. El hombre la asfixió sin que los niños se dieran cuenta.
Luego fue a la pieza de Sara Herrera Varas, a quien violó y luego estranguló.
Tras los crímenes, Pérez intentó suicidarse, pero la cuerda cedió. El hombre se pegó en la cabeza y más tarde llamó a la policía.
La Brigada de Homicidios informó que en 2011 la mujer denunció a su agresor por violencia intrafamiliar, pero éste fue sobreseído porque la mujer no mantuvo la denuncia en su contra.
Pérez González se mantendrá en prisión preventiva en el Penal Santiago Uno durante los 90 días que dure la investigación decretada por el tribunal.

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